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Por: Orfa Rossirys Palacios
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¿Cuáles pueden ser las posibles implicaciones en el Sector Ambiental cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y algunos países andinos?
Cuando se presenta este tipo de interrogante, lo más recomendable es desarrollar un punto de partida en el que se puedan priorizar las variables más relevantes que contribuyen al direccionamiento de las posibles repercusiones que traen los acuerdos comerciales a la población y sus comunidades locales como actores principales y alejados del desarrollo de estos procesos de negociación.
Partiendo de la experiencia de los países vecinos respecto del tema de la integración con énfasis en los acuerdos comerciales y la legislación ambiental, se puede decir que es necesario realizar estudios internos de tipo prospectivo sobre la realidad, estructura y capacidad con que debe contar Colombia como país en proceso de negociación con los Estados Unidos, para así contrarrestar los avances y grandes ventajas que traerá este gran pez sobre estos pequeños e ingenuos alevinos.
Esto se apunta porque los países que han firmado acuerdos comerciales con los Estados Unidos no han tenido muy buenas experiencias, especialmente en el tema ambiental, ya que estos países presentan debilidad en su normatividad e institucionalidad. En el caso de Colombia, los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), no han coordinado, planeado ni ejecutado actividades que permitan identificar los temas y variables prioritarias para fortalecer este sector.
Lo anterior con el propósito de enfrentar los grandes retos de este acuerdo comercial, ya que Estados Unidos posee ventajas en el tema ambiental, las cuales le permiten ganar en las negociaciones con los países menos preparados por medio de la utilización de principios tales como la cooperación y cumplimiento de las medidas necesarias para fortalecer y establecer los niveles de protección de la normatividad jurídica ambiental.
Uno de los acuerdos fundamentales aprobados en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro fue el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual establece los compromisos de mantener los sustentos ecológicos mundiales a medida que se avanza en el desarrollo económico.
Este convenio establece tres metas principales:
1. La conservación de la diversidad biológica.
2. La utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
3. La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
Este acuerdo sirve como marco a los países para reconocer sus derechos respecto al tema de los recursos naturales y la regulación del acceso a los recursos genéticos. Además porque en el momento de enfrentar un Tratado de Libre Comercio, cada país parte procurará crear condiciones para facilitar a otras partes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientales adecuadas y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Lo anterior con base en los principios de la distribución de beneficios logrados gracias a la obtención de patentes que generan medios económicos para los investigadores y centros de investigación y para los países como administradores de los recursos naturales.
Por tal razón, la sociedad colombiana y las instituciones públicas relacionadas con la temática ambiental, tales como los entes rectores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), deben conocer las implicaciones que puede traer la ratificación de un tratado de libre comercio, puesto que si bien éste puede regular comportamientos de biopiratería, las empresas farmacéuticas estadounidenses pueden ejercer presión para derivar ventajas de la explotación del material genético producido por la diversidad biológica que se encuentra dentro del territorio colombiano.
De acuerdo con lo desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus negociadores respecto al TLC, los países parte han convenido respetar las legislaciones de cada país en cuanto a lo ambiental. Pero el problema consiste en que la legislación colombiana es muy débil respecto a la estadounidense, lo cual se refleja en las asimetrías normativas y reconocimiento de la legislación multilateral en temas tales como el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Kyoto, los cuales Colombia reconoce y ratifica y los Estados Unidos no lo hace. Esto se puede encasillar como un alto nivel de desequilibrio, especialmente en los temas que realmente repercuten sobre Colombia y el resto de países andinos participantes del acuerdo comercial.
A raiz de lo anterior surgen muchos cuestionamientos tales como: ¿Qué tan conveniente es firmar un TLC con los Estados Unidos, especialmente en el tema del medio ambiente?. Debido a la nueva coyuntura que se vive, relacionada con la globalización y las necesidades amplias de los países de integrarse, el tema del medio ambiente ha sido uno de los más controversiales en el momento de negociar. Este tema se puede relacionar con otros tratados como es el de los Estados Unidos, México y Canadá más conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), en el que los países parte desarrollaron un marco por medio de fases y consultas y se estipularon los temas y efectos relacionados con el Medio Ambiente y el TLC, con el objeto de llegar a algún avance, ya que en reuniones y foros anteriores ningún país había abierto posibilidades de consenso respecto al medio ambiente y en especial a la conservación de los recursos naturales y su uso bajo el concepto de sostenibilidad.
Pero en el momento de analizar los beneficios que el NAFTA trajo a cada uno de estos países se puede concluir que aunque a nivel comercial se creció, en el resto de temas se presentaron más perjuicios o desventajas de lo que se había pronosticado. Sin embargo, existían expectativas de descenso pero con posteriores mejoras, y actualmente lo que se puede ver es que sí hay muchas desventajas. De hecho el gobierno mexicano ha tenido que fortalecer e implementar medidas paralelas que contribuyan al bienestar de sus campesinos y en general de toda la población.
También se han sacrificado las costumbres y formas de cultivo tradicional para poder incursionar en la competencia y así tener acceso a grandes cantidades de semillas necesarias para sostener la producción y aumentar sus rendimientos por medio del uso de cosechas transgénicas, las cuales traen como consecuencia el abandono de las especies genéticamente diversas del maíz criollo, el incremento de las áreas de cultivo con sus consecuentes presiones sobre tierras marginales, el abandono de parcelas por campesinos en busca de empleo, la migración que puede traer consigo la pérdida del conocimiento tradicional sobre los recursos genéticos y el debilitamiento de las instituciones sociales que apoyan los métodos de cultivo tradicionales.
Entonces pensar que el acuerdo comercial mejorará la situación de Colombia y el resto de países andinos en los temas anteriormente mencionados es muy difícil y requiere de mucho compromiso por parte del gobierno y entes del SINA, que hoy día no han desarrollado acciones preventivas que eviten la degradación del medio ambiente como elemento necesario para el desarrollo y avance de la economía de los países de origen de los recursos naturales. Y lo más preocupante es que las negociaciones del tratado están en sus etapas finales y no hay herramientas ni acciones para enfrentar los amplios retos que exige este tratado comercial.
Todo esto es vital para poder tener información clara y aterrizada de cuanto los Estados Unidos plantea respecto a uno de los tratados más importantes para dicho país, lo cual sirve de referencia para que países como Colombia no negocien sin fundamentos, especialmente en la defensa de la conservación del medio ambiente, lucha contra la contaminación y protección de la población y los sectores más débiles.
Analistas de asuntos ambientales apuntan a decir que muchos de los efectos que trae un TLC sobre la reglamentación ambiental son de debilidad y perjuicio, entre otros, debido a que se ha demostrado que su aplicación logra anular o reversar la reglamentación doméstica ambiental vigente en los países parte del tratado. Y esto se comprueba en la normatividad de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que dentro de los acuerdos de la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se previene a los países de mantener o crear reglas estrictas sin justificación científica. Entonces Colombia se puede ver afectada, ya que el Principio de Precaución (Artículo 1° de la Ley 99 de 1993) expresa lo siguiente: "La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y particulares darán prioridad al principio de precaución conforme al cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente" .
Con lo anterior, si se pretende en la actual negociación comercial basarse totalmente en la normatividad de la OMC, se están cometiendo de entrada errores. Como se observa a primera vista, los acuerdos de la OMC en su mayoría son contrarios a la legislación ambiental colombiana porque manifiestan la pertinencia de presentar la prueba científica absoluta del daño o impacto negativo que pueda ocasionar un proyecto o un producto para negar su implementación o circulación. Pero actualmente las condiciones deplorables en que se encuentra la investigación científica colombiana dificulta las cosas, como puede verse en el caso concreto de las fumigaciones aéreas con glifosato, cuyos estudios, de responsabilidad del gobierno, no se han realizado juiciosamente por falta de voluntad política y presupuesto.
También se encuentra una inconsistencia con el principio de precaución, porque en este “lo que se busca es controlar los casos de incertidumbre sobre los impactos negativos a la salud y/o el ambiente sobre los cuales se tenga información o se conozcan efectos o síntomas del daño que pueden causar en forma aguda e irreversible, que en el mencionado caso de las fumigaciones el gobierno colombiano no ha querido aplicar. Y si esto sucede sin mediar ningún tratado o acuerdo internacional, ¡cómo será la situación al firmarse el ALCA o el TLC con USA, principal interesado en que los acuerdos internacionales o multilaterales primen sobre la legislación colombiana!“.
También existen otras experiencias con países latinoamericanos que han firmado acuerdos comerciales con los Estados Unidos, las cuales ilustran y demuestran las grandes preocupaciones que se manifiestan.
A continuación se describen las principales evidencias de algunos países:
-Caso de Centroamérica; los agroquímicos son producidos en su mayoría por las multinacionales.
-En Guatemala específicamente la etiqueta roja para algunas formulaciones de paraquat, un pesticida altamente tóxico que ha producido intoxicaciones agudas en el mundo, adviertía que es "extremadamente tóxico", pero ha sido cambiada por una azul que reza "ligeramente tóxico", en el marco del Mercado Común de Centroamérica.
-En El Salvador algunos pesticidas han sido reducidos en su clasificación toxicológica de "extremada o altamente" a "moderada o ligeramente tóxico", buscando la armonización, para flexibilizar y nivelar por lo bajo las normas nacionales para que sean reemplazadas por los lineamientos globales que han sido estandarizados o uniformizados y al final se apliquen los niveles mínimos internacionales. Esta práctica se viene manejando actualmente bajo el concepto de "concurrencia".
-Caso CAFTA; la experiencia de estos países respecto al tema del comercio y el medio ambiente varía, ya que se han dado diferentes opiniones sobre las implicaciones, las cuales se argumentan en la relación directa que tiene el medio ambiente con el resto de temas incluidos en las negociaciones comerciales. Pero lo más importante que se ha dado entre estos países y los Estados Unidos es que muchos de sus académicos e investigadores del tema, apuntan a afirmar que los impactos de un TLC en el medio ambiente serán positivos o negativos dependiendo de los niveles de protección normativos y de desarrollo institucional de los países.
Pero se presentan otros análisis que indican que es necesario para una negociación ambiental tener en cuenta los siguientes efectos para así poder medir las implicaciones en la sociedad humana:
-Escala.
-Tecnológico.
-Geográfico.
-Producto.
-Composición.
El efecto escala. Se refiere al crecimiento de la actividad productiva o de la economía y a sus impactos: mayor extensión de suelos, mayor uso de algunos recursos naturales, mayor cantidad de desechos, etc.
El efecto tecnológico. Se refiere al tipo de tecnología que se promueve, dependiendo de si ésta es más contaminante o no: por ejemplo ciertos productos no tradicionales en el sector agrícola como flores, melón, etc., que tienden a utilizar tecnologías con mayor cantidad de agroquímicos.
El efecto geográfico. Se refiere al lugar donde se va ubicar esta nueva producción, si es en zonas rurales o en áreas urbanas, y cuáles pueden ser sus consecuencias ambientales.
El efecto producto. Se refiere a las características propias del bien que se produce, como por ejemplo, si éste es más contaminante o no.
El efecto composición. Se refiere a los cambios que se pueden dar en los sectores productivos como resultado del aumento en el comercio, por ejemplo lo que sucede cuando aumenta el sector servicios, el agrícola o el industrial y cuáles pueden ser los impactos ambientales que acarrean estos cambios en la composición de la economía.
También se da el escenario de la resolución de diferencias en el tema ambiental, en el cual los países del CAFTA propusieron tomar como base el acuerdo firmado por Costa Rica y Canadá. Todo esto para constituir un acuerdo paralelo de cooperación ambiental, basado en el respeto de la legislación nacional, sin sanciones o represalias cruzadas y fundamentado en una estructura administrativa simple, sin más participación ciudadana que lo dictado por la ley nacional. Pero realmente la decisión de los Estados Unidos y los países CAFTA fue incluir dentro de la negociación un capítulo sobre el mecanismo de resolución de controversias, tal como lo tenían el resto de temas a nivel comercial.
Lo anterior con miras a dar una mayor participación a la sociedad civil en casos tales como la elevación de demandas cuando se considere que hay incumplimiento en materia ambiental, partiendo de los procedimientos necesarios tales como la aplicación de sanciones, multas y represalias cruzadas para aquella parte que incumpla con los compromisos del acuerdo, y el derecho de cualquier ciudadano a exigir el cumplimiento de la ley, dando como resultado un mayor respeto y valor a la legislación nacional.
Si se entra a analizar el cumplimiento y acatamiento de los colombianos a la legislación interna, se puede decir que el nivel de respeto a esta legislación es bajo y puede considerarse nulo específicamente en el tema ambiental, ya que los niveles de incumplimiento de los entes sujetos a estas leyes son grandes. Además, en el caso del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, esta entidad tiene competencias de tipo territorial a través del tema de la vivienda, habiéndose centrado en el mismo, disminuyendo así la priorización y desarrollo de la gran y preocupante problemática ambiental que comprende muchos temas que requieren de gran atención como son: el agua, los bosques, el aire y las licencias ambientales, algunos de los cuales los Estados Unidos y otros países con sus instituciones, empresas y organizaciones pretenden privatizar para así obtener beneficios no extensibles a la población en general.
Por tal razón, es evidente la necesidad de luchar y fortalecerse ante los Estados Unidos y cualquier país que pretenda incursionar en la biodiversidad colombiana. Además, el agua, la flora y la fauna son patrimonio de la humanidad del que todos los pobladores, tanto de Colombia como del extranjero pueden gozar y aprovecharlo para la satisfacción de sus necesidades básicas y por ende para su propio bienestar.
En cuanto al tema genético, como se mencionó anteriormente, Colombia tiene gran riqueza, la cual podría verse afectada en dos puntos principalmente: el primero consiste en que la biodiversidad puede verse disminuida al establecerse sistemas productivos especializados, los cuales se acentúan a medida que la emigración asociada a la producción especializada desemboca en el abandono de prácticas agroforestales tradicionales. Y el otro punto sería el cambio de la riqueza genética, la cual deja de ser colectiva para constituirse en propiedad privada por medio de la ampliación de las patentes a las áreas de diseño genético y de biotecnología. Esto conduce finalmente a que empresas transnacionales se apropien del conocimiento de las plantas y semillas medicinales que durante siglos han representado un acervo social.
La tendencia hacia la concentración de las inversiones, la infraestructura y la tecnología en las zonas de mayores recursos forestales acentúa las disparidades con las regiones menos dotadas debido a que estas últimas pueden recibir, en el mejor de los casos, los calmantes de la política social, pero se encuentran en riesgo de sufrir una mayor marginación económica.
Por tal razón se dice que la firma de acuerdos comerciales no es la panacea, ya que cuando entran en vigor y surten efectos en los países miembros, la ausencia de sus gobiernos continúa y no hay apoyo total al sector ambiental y otros sectores tales como el agrícola. Esto se comprueba con la falta de distribución de recursos, apoyo y competencia a los organismos actores de este sector, especialmente las Corporaciones Autónomas Regionales como entes encargados de la conservación y protección del Medio Ambiente a nivel regional.
Con respecto a lo anterior se puede decir que en Colombia se vive algo similar en el sector privado, el cual presenta debilidad aunque los grandes empresarios han tratado de apoyar el desarrollo de las negociaciones del TLC. Pero por falta de compromiso para buscar soluciones responsables a los problemas ambientales que se derivan de la producción, no han podido estar mejor preparados, siendo esta actividad una de las grandes causantes del deterioro del medio ambiente como lo describe el Protocolo de Kyoto como instrumento jurídico de ámbito internacional. Entonces es importante encarar en estas negociaciones comerciales a los Estados Unidos respecto a este tema y hacer por medio de instrumentos jurídicos que este país incentive la disminución de los gases causantes del calentamiento global y aplique los mecanismos de solución a este flagelo, tales como las tecnologías de desarrollo limpio, las compras de emisiones o la aplicación conjunta, que permiten que un país industrializado invierta en otro país para la ejecución de un proyecto encaminado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar la absorción por los sumideros.
El cambio climático con su efecto invernadero amenaza seriamente a los seres humanos, ya que si no se toman decisiones proactivas contra este fenómeno se sufre con mayor intensidad gracias a efectos tales como las sequías, inundaciones, hambre y epidemias. Por consiguiente, los países en desarrollo, especialmente Colombia, deben reaccionar ante estas situaciones de caos y amenaza a la vida, ya que se calcula que en América Latina los efectos más significativos podrán ser los siguientes:
-Disminución de la capacidad de adaptación de los sistemas humanos, específicamente con respecto a los eventos climáticos extremos, ante los cuales la vulnerabilidad se considera alta.
-Pérdida y retracción de glaciares, procesos que impactan negativamente la escorrentía y el suministro de agua en áreas dependientes de la fusión de sus hielos y nieves.
-Las inundaciones y las sequías se harán más frecuentes, aumentándose las cargas de sedimentos y degradándose la calidad del agua en algunas áreas.
-Aumento de intensidad de los ciclones tropicales, incrementándose los riesgos a la vida, propiedad y ecosistemas debido a daños producidos por precipitaciones intensas, inundaciones, olas de tormenta y ciclones.
-Disminución de los rendimientos de importantes cosechas. Las tareas de granjas de subsistencia se verán amenazadas en algunas regiones de América Latina.
Para finalizar esta reflexión se concluye diciendo que Colombia es uno de los grandes poseedores de diversidad biológica en el mundo, pero por falta de conocimiento, tecnología y estudios científicos sobre sus recursos ha ido perdiendo sus originarias especies tanto vegetales como animales. Eso sucede por ausencia de una fuerte legislación interna que regule la entrada al país de científicos e investigadores internacionales, quienes entienden el valor potencial o económico que representan los recursos, ya sean biológicos o genéticos, en sus economías.
A su vez, las limitaciones estructurales del país, reflejadas especialmente en el desempleo, han contribuido al cambio de hábitos de consumo y trabajo, ya que la mayoría de la población rural y urbana, para poder sobrevivir ante las grandes dificultades sociales, políticas, culturales y económicas, entre otras, ha acudido a diferentes formas de cultivos, sustituyendo los tradicionales por los ilegales, logrando así la satisfacción de sus necesidades básicas, las cuales el Gobierno, por falta de planeación y priorización de la situación social y económica de sus habitantes, no puede proveer.
Por ende es necesario que el gobierno colombiano implemente y fortalezca los siguientes puntos, los cuales disminuirán los efectos negativos que puede traer un Tratado de Libre Comercio al sector ambiental:
1. Recopilación y publicación de información comparable sobre la legislación, indicadores y actividades de fiscalización ambiental de los países parte del acuerdo comercial.
2. Intercambio de información sobre la legislación, políticas y prácticas ambientales en el marco de los acuerdos multilaterales de los cuales los países en cuestión son parte. A su vez se puede hacer intercambio de experiencias entre los países, incluyendo las revisiones de los tratados de libre comercio, a nivel nacional.
3. Promoción de mejores prácticas para lograr una gestión sostenible del ambiente por medio de la constitución de asociaciones para tratar temas actuales y futuros de conservación y manejo ambiental. Esto por medio del fortalecimiento del seguimiento y monitoreo del medio ambiente con énfasis en agua, aire y bosques.
4. Desarrollo y actualización de la normatividad ambiental e implementación de las Cadenas de Valor Sostenible a través de la consecución de recursos económicos y técnicos para promover investigaciones sobre los recursos naturales renovables, que permitan su aprovechamiento y generación de nichos de mercado, gracias a la utilización de la producción más limpia en actividades agroindustriales. Desarrollo de convenios universitarios y con centros de investigación, para generar mayor capacidad biotecnológica, bio-prospectiva y de conservación de los recursos naturales renovables.
5. Mejoramiento de la infraestructura científica nacional para la realización de estudios de conservación y utilización de la diversidad biológica y de los recursos genéticos, entre otros recursos con los cuales cuenta Colombia. |
Reproducimos en el vínculo a continuación el artículo "Surgimiento y Evolución de la Ingeniería Ambiental en Colombia" escrito por nuestro Presidente Ejecutivo, Germán García Durán, para la Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes, #26, noviembre de 2007, Bogotá, Colombia. Como profesor de la Universidad de los Andes, Germán García Durán introdujo la Ingeniería Ambiental a esa prestigiosa universidad colombiana y al país en 1970. Hoy, la Ingeniería Ambiental se enseña en numerosas universidades colombianas y del resto de Latinoamérica en los niveles de pregrado, posgrado, diplomados y cursos cortos. 
Reproducimos a continuación la carta abierta que dirige el Presidente Ejecutivo de la Fundación Río Urbano, Germán García Durán, al Señor Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT), Dr. Juan Lozano Ramírez(foto), en relación con el Plan de Recuperación del Río Bogotá.
elaborado y facilitado por el Dr. Ernesto Guhl Nannetti, Director del Instituto Quinaxi, sobre "El Agua en el Futuro Sostenible de Colombia":
La Fundación Metropolitana, de Argentina, nos ha hecho llegar este importante documento sobre "La Contaminación del Río Reconquista" que tenemos el agrado de reproducir en el siguiente vínculo: 
Tal como lo anunciamos al final de nuestra Carta Abierta al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dr. Juan Lozano Ramírez, relativa al Programa de Recuperación del Río Bogotá, reproducimos a continuación las respuestas que hemos recibido a dicha carta, una de ellas de la Sra. Viceministra de Agua y Saneamiento del MAVDT, la doctora Leyla Rojas, y las otras dos de funcionarios técnicos de entidades del Distrito Capital de Bogotá. Dichos funcionarios son el Dr. José Fernando Galvis P., Gerente de Tecnología(E) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y el Dr. Darío Pérez Betancourt, Jefe de la Oficina de Control de Calidad y Uso del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Capital. 
